Suárez Ortiz y Pérez Miranda defendieron el apoyo a Tamayo y los aumentos del 59% de Transpuntano y el impuestazo

Los concejales Javier Suárez Ortiz (UCR) y Otoniel Pérez Miranda (PRO) abordaron hoy, en una conferencia de prensa, sus últimos pronunciamientos que implican un fuerte costo en el bolsillo de los vecinos y generaron internamente una fuerte tensión en sus fuerzas políticas porque son parte de la oposición al albertismo.

Los dirigentes hicieron una fuerte defensa de la suba del 59% en la tarifa de Transpuntano y el impuestazo del 72,5%.

Pérez Miranda argumentó que el incremento fue “realmente considerado y generará un impacto importante para el vecino”, pero “evaluamos la situación que se encuentra la empresa por los desmanejos de muchos años de la anterior gestión, donde no fueron girados los fondos necesarios para el boleto estudiantil gratuito que generó un desfasaje económico”.

“Cuando llegó la actual gestión, tuvo varios días de paro, luego a mitad de este año 20 días más y eso afectó a todos los ciudadanos. Entonces cuando uno no actúa de forma responsable y va a meter sólo palos en la rueda, se vuelve a generar estos conflictos”, sostuvo.

Además dijo: "Si nos ponemos a evaluar desde hace cuánto no se aumentaba el boleto, en marzo del 2019, a noviembre hay un 80% de inflación acumulada, eso quiere decir que el aumento sigue estando por debajo”.

“Tenemos que ser responsables a la hora de actuar y legislar, porque si nos peleamos en el Concejo, no vamos a solucionar nada, eso quiere el vecino. Las políticas de concertación y acuerdos, cubren esas necesidades”, manifestó.

“Nos vamos a sentar siempre a dialogar con el Ejecutivo, manifestando nuestra postura y representando un espacio político opositor, pero siempre con políticas coherentes y buscando soluciones”, insistió.

Ambos insistieron que actuaron en forma correcta y les contestaron a las autoridades de la Unión Cívica Radical y el PRO que desautorizaron el acuerdo que permitió con el aval de diputado Nacional, Alejandro Cacace la llegada de Suárez Ortiz a la presidencia del Concejo Deliberante. De hecho será sometido al Tribunal Ética y en el caso de Pérez Miranda la pidieron la renuncia a su partido.

Suárez Ortiz contó que desde el primer momento las autoridades del radicalismo “estaban al tanto de todo lo que venía sucediendo en el Concejo y de las decisiones que habíamos tomado”.

Allí apuntó al presidente del Comité Ejecutivo, Jorge Lucero y al vicepresidente, Javier Giménez: “El primero ha sido ex funcionario de Enrique Ponce y el segundo fue altamente cuestionado por sus acuerdos y de tratar a libro cerrado proyectos del Ejecutivo provincial. Que asuman esta posición, me parece muy poco serio”.

Y agregó: “En lo particular estoy tranquilo que he obrado correctamente y de alguna manera logramos beneficios al vecino. En lo partidario, le resto importancia y me parece muy poco serio lo que realizaron”.

“Si la actualización del boleto no llegaba, damos por hecho que venía una crisis sustancial del transporte y no íbamos a tener colectivos”, consideró Suárez Ortiz.

“Me causa gracia que este pedido me lo pida Augusto Ortiz (vicepresidente del PRO), que el año pasado jugó abiertamente para (José) Picco en las elecciones para intendente de San Luis, formando parte de su estructura y en 2017 repartía boletas en contra del candidato a la intendencia de Juana Koslay de San Luis Unido”, puntualizó.

Y defendió a su par: “También que desde el radicalismo cuestionen el accionar de Javier cuando fueron ellos los que se prestaron en 2017 para que se formaran listas y por eso tuvimos que llegar a la Corte Suprema de Justicia para poder tener candidatos".

“Que estas personas nos cuestionen cuando fueron funcionales, que (Miguel) Bonino lo haga, causa gracia. Siempre han estado en contra de San Luis Unido, no han formado nunca filas, tampoco trabajaron recorriendo calles, que sean quienes nos peguen, es un poco cuestionable”, cerró.

El boleto estudiantil gratuito no está en las partidas del Presupuesto 2021

Suárez Ortiz reconoció que no están incorporados los fondos porque el beneficio “está suspendido”.

“Se ha asumido el compromiso que en un plazo máximo de 60 días de iniciado el periodo lectivo, se ponga nuevamente en vigencia este beneficio, para lo cual el Ejecutivo cuenta con todas las herramientas y facultades de reasignación de partidas y poder refinanciar este programa que ha sido suspendido desde diciembre de 2019”, respondió ante la consulta de este medio.